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América Latina es en la actualidad una de las regiones más violentas del mundo. El crimen organizado, la violencia pandilleril, el contrabando de armas y drogas y la trata de personas son las principales expresiones de violencia en la región (CITE BOOK). El enfoque de este análisis será en la trata de personas y la violencia de las pandillas:Trata de personasI. Trasfondo del tema y posición de República DominicanaEs importante definir qué es la trata de personas para entender el contexto general del problema. La trata y el tráfico de personas son temas sumamente diferentes. El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños describe la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la o las personas con fines de explotación. Esta explotación incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. (CITE PAPER). Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata es “un delito contra las personas, atenta contra la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física de las personas” (CITE PAPER). A diferencia que con el tráfico ilícito de migrantes, las víctimas de trata no dan consentimiento a su explotación y son generalmente explotadas de manera persistente para generar ganancias ilegales para los tratantes. Por este motivo, la trata de personas se convierte en un negocio muy lucrativo para las redes de crimen organizado en América Latina. ?El Índice Global de Esclavitud Moderna estima que son más de 40 millones las víctimas de trata a nivel mundial, tomando en cuenta que por cada víctima de trata identificada existen alrededor de 20 más sin identificar (CITE LINK). La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años. En América Latina, el 66% de las víctimas de trata son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños (CITE LINK).La República Dominicana no es ajena a este fenómeno. El informe anual de trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2016 indica que el país es un punto de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, niños y niñas sometidos a la trata sexual y al trabajo forzoso (CITE LINK). Los traficantes atraen a mujeres dominicanas para trabajar en discotecas en el Medio Oriente, el Caribe y América Latina y luego las someten a explotación sexual. Los principales destinos de las víctimas dominicanas de trata son: Barbados, Curazao, Guadalupe, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Panamá, Surinam, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, España, Italia, Holanda, Eslovaquia y Grecia. Las poblaciones en mayor riesgo son los niños trabajadores y de la calle, los trabajadores migrantes, y las personas indocumentadas o apátridas de ascendencia haitiana. Generalmente, las víctimas de trata dominicanas son forzadas a trabajar en el servicio doméstico, como vendedores ambulantes, como mendigos, en la agricultura, construcción, en el tráfico ilícito de narcóticos y en la prostitución. Las mujeres y niñas dominicanas, especialmente, son objeto de explotación sexual comercial (CITE LINK). La trata de personas ha proliferado debido a la las fluctuaciones del mercado, las crisis económicas y el endurecimiento de las leyes migratorias. La restricción migratoria y fronteriza, en lugar de reducir la trata de personas, hace más probable que las mujeres recurran a redes ilícitas para traspasarlas. Otra característica de la trata es su complejidad, la cual dificulta la recolección de datos e información. Esto hace que combatir las redes de traficantes sea más difícil. El gobierno está realizando esfuerzos para luchar la trata de personas. El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana ha impulsado un proyecto de investigación que permita orientar las estrategias para la prevención y erradicación de la trata, la atención y protección de las víctimas, así como la persecución de los tratantes” (CITE LINK). También se implementó una ley de naturalización para miles de inmigrantes irregulares, disminuyendo su vulnerabilidad ante la trata (CITE LINK). La Ley General de Migración de República Dominicana No. 285-04 regula los flujos migratorios en el territorio nacional para evitar el tráfico y trata de personas. Además, desde 2003, existe la Ley N° 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que implementa lo acordado en el Protocolo de Palermo o el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. El Decreto 575-07 creó una Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. En 2015, además publicaron dos Protocolos de Actuación para identificar y atender a las víctimas de trata y tráfico de personas (CITE ELCARIBE).II. Respuestas y acciones internacionales e intergubernamentales El tráfico y trata de personas son problemas trasnacionales, por lo que se ha requerido de la cooperación de la comunidad internacional en la busca de soluciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue firmada por 167 países en el año 2000. Incluye además protocolos como el Protocolo de Palermo o el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (CITE PAGE). En 2004 los estados miembros de la Organización de Estados Americanos adoptaron la Resolución 2019/04 para discutir la trata. En 2010 se creó el I Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental y en 2014 se adoptó de la Declaración de Brasilia y el II Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental (CITE OAS). Los países que firman estos acuerdos internacionales deben cumplir con las normativas resaltadas dentro de los mismos para cumplir objetivos como promover leyes contra la trata y proteger a las víctimas de trata. El objetivo de estos acuerdos es atacar problemas como el tráfico y la trata de personas de forma multilateral para asegurar una solución eficaz en la región. III. Soluciones propuestas La trata de personas de debe combatir con 3 medidas: prevención, protección a la víctimas y aplicación de la ley al traficante. La primera propuesta es condenar vigorosamente a los traficantes involucrados en la trata de personas. Con esto se logrará desmotivar a quienes participan en el negocio de la trata. La segunda propuesta es implementar mecanismos para identificar y brindar asistencia a las víctimas de trata de personas. Cada caso de trata es singular y diferente. Esto hace muy difícil para las autoridades identificar a víctimas de trata de personas, en especial cuando se habla de víctimas adultas. Para esto se debe investigar y recolectar más información sobre el tráfico y trata de personas. Además, se debe capacitar a las autoridades competentes específicamente en el tema de trata para asegurar que ninguna víctima quede sin ser identificada y rescatada. La tercera propuesta es expandir los recursos disponibles para las víctimas de trata así como también mejorar la atención y protección de las víctimas. Es necesario financiar programas de rehabilitación, refugio, salud y educación específicamente para aquellos que se han visto directamente afectados por la trata de personas (CITE USA). La República Dominicana cree en los derechos de las personas. En la lucha contra el crimen organizado es imperativo respetar los derechos humanos. La cuarta propuesta es que la víctimas de trata de personas deben ser tratadas como víctimas y no como delincuentes. Debe existir el acceso igualitario a la justicia. Por ejemplo, las leyes contra la prostitución deben penalizar al cliente, no a la prostituta. Muchos países de la región fallan en reconocer esto.Violencia de las pandillasI. Trasfondo del tema y posición de República Dominicana El fenómeno de las pandillas juveniles, o “maras”, se ha vuelto preocupante en diferentes sectores de América Latina y Estados Unidos. Estudiar este fenómeno no es sencillo, ya que las pandillas de jóvenes son un fenómeno complejo, heterogéneo y cambiante (CITE PAPER 2). Las principales pandillas de la región (Mara Salvatrucha y Barrio 18) iniciaron en los años 80 como “grupos fuertemente cohesionados, cuya identidad se caracterizaba sobre todo por profundos lazos de solidaridad y hermandad, lenguajes particulares, valores y simbologías propias, y no tanto por el recurso permanente a la violencia” (CITE UROSARIO). Sin embargo, estos grupos juveniles se han sumergido mucho más en la violencia y han adquirido rasgos de “un grupo delictivo que roba, extorsiona, amedrenta y ejerce la violencia, incluso a veces al servicio del crimen organizado” (CITE PAPER 2). Existen tres tipos de razones por las cuales un jóven puede llegar a vincularse a una pandilla: las afectivas, las de seguridad y las utilitarias (CITE PAPER 2). Algunos jóvenes, especialmente aquellos marginalizados, ven las pandillas como una familia sustituta que satisface sus necesidades afectivas y que los provee de identidad y de dignidad. Otros se unen a las pandillas como medio de seguridad personal para defenderse de otras pandillas y de la policía. También existen jóvenes que se vinculan a las pandillas como con el propósito de vivir mejor, particularmente en términos económicos. Son más vulnerables a las pandillas aquellos jóvenes que: pertenecen al sexo masculino, viven en condiciones de pobreza, han huido de su hogar, han abandonado la escuela, y/o viven en un barrio donde operan las pandillas (CITE PAPER 2). Datos sobre la cantidad de jóvenes que pertenecen a pandillas delictivas varían mucho. Algunos reportes estiman entre 70,000 y 100,000 pandilleros en América Latina, mientras que otros calculan hasta 305,000 (CITE PAPER 2). En 2014, la Policía Nacional dominicana estimaba 25 pandillas bien estructuradas en diferentes puntos de República Dominicana. La mayoría se vinculan al crimen organizado y al tráfico y uso de drogas (CITE DIARIODE3). Las pandillas más grandes que operan en el país son Los Trinitarios, Los Latin Kings, los Killers Alls, EBK, Black Panthers, Bloods y los Metálicos (CITE UROSARIO). El artículo 255 de la Constitución de la República Dominicana establece como misión de la Policía Nacional: “salvaguardar la seguridad ciudadana; prevenir y controlar los delitos; perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica” (CITE LAW). Con este fin se adopta la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16 que crea la Policía de Antipandillas para combatir los grupos delictivos. Además, la Policía Nacional de República Dominicana cuenta con la Dirección Central de Antipandillas, que busca la prevención de la violencia pandilleril a través de la orientación a jóvenes sobre el peligro de las pandillas juveniles (CITE POLICE). La República Dominicana también cuenta con la Dirección Nacional de Control de Drogas y el ejército nacional para prevenir el tráfico de sustancias ilícitas por las pandillas (CITE INSIGHT). II. Respuestas y acciones internacionales e intergubernamentales Las pandillas o “maras” pueden ser consideradas un fenómeno trasnacional. Por este motivo, los estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos participan en foros regionales para analizar las formas más efectivas de prevenir y reducir la delincuencia. Diferentes países participan en el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal realizado anualmente para discutir las tendencias mundiales y regionales del delito en sus diversas formas. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial también participan en juntas con el objetivo de discutir las implicaciones económicas de la violencia (CITE ARCHIBOLD). Naciones Unidas apoya para desarrollar las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil para implementar programas de prevención de violencia y del delito, focalizando las intervenciones en las áreas geográficas y en los grupos poblacionales más vulnerables. También apoya el intercambio de experiencias entre países para transferir las mejores prácticas de prevención (CITE MOM). El objetivo de los países miembros de la organización es alcanzar una paz sostenible. III. Soluciones propuestas La violencia juvenil, como es el caso de las pandillas, debe tratarse de una forma articulada e integral. Se debe considerar desde prevención hasta el control de la misma. Para reducir la violencia hay que construir capital social, reducir factores de riesgo, prevenir la violencia de género e intrafamiliar, generar contextos socio urbanos seguros, fortalecer la policía y la justicia y desmantelar el crimen organizado (CITE PPT). Existen tres tipos de iniciativas para enfrentar el fenómeno de la delincuencia juvenil: los programas y proyectos de prevención social, los programas de rehabilitación y de reinserción social y los planes Mano Dura (CITE PPT). Distintas experiencias en América Latina han demostrado que los planes Mano Dura no funcionan, como por ejemplo en los países del “Triángulo Norte”. Por ende, nuestras propuestas se enfocarán en programas y proyectos de prevención social y programas de rehabilitación y de reinserción social. La primera propuesta es fortalecer los procesos de socialización y conformar identidades positivas en jóvenes para evitar que recurran a la delincuencia. Esto se puede lograr reforzando la educación, motivando a jóvenes a que persigan una carrera laboral y fortaleciendo a las familias y comunidades. La segunda propuesta es rehabilitar a jóvenes en conflicto con la ley. Este objetivo se debe lograr a través de programas de capacitación y habilitación para el trabajo y reinserción escolar.

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